Desprotección
La perla del título no es mía, pero le va que ni pintada a la estrategia para acabar con los atascos en los juzgados. Supongo que hay que simplificar por algún lado para abordar las nuevas encomiendas, que no atribuciones, Típico caso de que cuando la putrefacción avanza se corta por lo sano.
Como dice el propio resumen de la noticia:
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado, con dos votos discrepantes, un anteproyecto legal que, en la práctica, supone un recorte de garantías ciudadanas, puesto que restringe y endurece la posibilidad de los ciudadanos de que sus casos lleguen hasta el Tribunal Supremo. Obliga a los ciudadanos a pagar tasas para interponer demandas, suprime recursos e impone que los ciudadanos que pierdan un pleito contra la Administración (por ejemplo, un recurso contra una multa) paguen las costas del proceso (las minutas de los abogados).
Dicen que el objetivo es agilizar la justicia y acabar con los atascos. Teniendo en cuenta que en lo de los atascos de la justicia ley casi todo el mundo tienen alguna experiencia y considerando el dominio del discurso de nuestros representantes (¿?), la reforma será un hecho.
Para la inmensa mayoría, el Tribunal Supremo es asunto lejano, de titulares, cosa de «ricos y famosos». Los asuntos legales, como los de salud, no son precisamente tema de conversación… hasta que te tocan. Lo que está claro es que si la exigencia de cuantía mínima a dirimir para tener acceso (150.000 euros) nos quedaba lejos, el nuevo límite de 800.000 que se pretende ya deja claro para quien se reserva el uso de unas instituciones que pagamos todos.
Si el anteproyecto sale adelante, que saldrá, no se podrá recurrir contra la decisión de un juzgado en primera instancia en juicios verbales si la cuantía es inferior a 6.000 euros. Las deudas de pobre son asunto de poca monta para que la maquinaria se moleste. Y así será, a pesar de que fuentes del Consejo del Poder Judicial señalan:
Lo que está en juego son las garantías ciudadanas. Aquí se pretende agilizar la justicia, pero no incrementando los medios y recursos de que dispone, sino recortando derechos que hasta ahora tenían los litigantes.
Si se aprueba la ley, con ella se irán los 14.000 casos pendientes, con retrasos de hasta cuatro años, la mayor parte por cuestiones fiscales de la ciudadanía contra la Agencia Tributaria. Salvo que lleguen a los 800.000 euros, claro. Y mejor no recurrir multas, que si se pierde encima hay que pagar a los abogados del estado, esos que ya pagamos con nuestros impuestos.
Y mejor que no nos toque tener que denunciar a quien nos roba o hace la vida imposible porque además de abogados, todo empieza por pagar tasas. Esto sí que es una vuelta al lejano oeste, y no lo que gritan otros.
Por su parte, el Tribunal Constitucional anda también muy colapsado entre asuntos de lobbys o legisladores autonómicos, por poner un ejemplo. Un caos para quienes, no entendiendo de leyes, intentamos apoyarnos en el sentido común, que de poco sirve para entender cosas como esta
Parece que es preferible pasar por la vergüenza de decir que
Es evidente que la jueza no reparó en este hecho, de ahí que los abogados le recuerden que fue una prueba acordada por el propio juzgado, «que es por ello el que debería haber revisado el material».
Como suele ocurrir, nos hacemos demasiado tarde las preguntas importantes mientras los gobiernos encuentran la forma de rentabilizar. Por más alarmas que salten, el sistema encuentra la forma de seguir cerrando puertas para que no salga la basura. Y si hay demasiados brazos o voces intentando abrirlas pues, nada como la amputación. Y la de derechos tarda un poco más en notarse, pero es más peligrosa que la otra.
Resulta incomprensible. ¿Qué se puede ganar cuando toda la ciudadanía pierde?
No llega con el razonamiento abstracto, hay que contar la historia de forma que juegue en favor de la inteligencia colectiva.
Se dice, se comenta, se murmura, que quien hizo la ley hizo la trampa y entre tramposos anda el juego, eso si, un juego carísimo.